El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha aprobado una ley que obligará a los turistas y viajeros a dar mayor cantidad de datos para poder hospedarse, bajo multas por incumplimiento. Desde el 02 de diciembre ha entrado en vigor la nueva denominada ley de “Registro de datos de viajeros” (Real Decreto 933/2021) y afecta a hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, campings, agencias de viajes y determinadas empresas de alquiler de autos. Para ello se ha creado la plataforma digital “SES.HOSPEDAJES” para organizar el registro en toda España, salvo en Cataluña y País Vasco. La nueva ley, que no ha sido bien recibida por parte del sector público, sienta un peligroso precedente sobre control por parte de un Estado y entra en consonancia con la dinámica que están aplicando desde la Unión Europea en una ola de control social, censura contra la libertad y vigilancia intensiva en el mundo digital.
El gobierno socialista de Pedro Sánchez ha aprobado una ley que obligará a los turistas y viajeros a dar mayor cantidad de datos para poder hospedarse, bajo multas por incumplimiento.
Desde el 02 de diciembre ha entrado en vigor la nueva denominada ley de “Registro de datos de viajeros” (Real Decreto 933/2021) y afecta a hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, campings, agencias de viajes y determinadas empresas de alquiler de autos. Para ello se ha creado la plataforma digital “SES.HOSPEDAJES” para organizar el registro en toda España, salvo en Cataluña y País Vasco.
Los datos deben registrarse en las primeras 24 horas tras la reserva y guardarse durante al menos tres años en la base de datos. La empresa debe garantizar que los datos sean correctos y reportarlos a las autoridades mediante los canales oficiales disponibles.
La nueva normativa exige una cantidad de hasta 28 datos en total, algo que para muchos va más allá de la seguridad y sobrepasa la línea de la privacidad.
Los datos que se requerirán son:
- Datos del establecimiento: Tipo, nombre, dirección completa, código postal, localidad y provincia.
- Datos de los viajeros: Nombre completo, sexo, número y tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, residencia habitual (dirección, localidad, país), teléfonos, correo electrónico, número de viajeros y parentesco (si hay menores).
- Datos de la transacción: Contrato (número de referencia, fecha, firmas), ejecución (fecha/hora de entrada y salida) y pago (tipo, identificación del medio, titular, fecha de caducidad y fecha de pago).
- Alojamiento no profesional: Nombre completo, sexo, DNI del titular, número de habitaciones y conexión a internet.
- Alquiler de vehículos: Parecido al hospedaje, con datos del conductor principal y secundario.
Si el viajero se niega a proporcionar la información solicitada o cualquiera de ambas partes (cliente o empresa) falsifica cualquiera de los datos, se pueden afrontar a:
- Infracciones leves: multas de 100€ a 600€.
- Infracciones graves: Multas de 601€ a 30.000€.
A su vez, preocupa la protección de datos debido a que se obliga a las propias empresas a que ellas mismas aseguren con buen nivel de ciberseguridad dicho almacenamiento.
La nueva ley, que no ha sido bien recibida por parte del sector público, sienta un peligroso precedente sobre control por parte de un Estado y entra en consonancia con la dinámica que están aplicando desde la Unión Europea en una ola de control social, censura contra la libertad y vigilancia intensiva en el mundo digital.
Esta abrupta invasión a la privacidad resalta aún más los tintes autoritarios del gobierno socialista y puede augurar unos primeros pasos para un posterior intento de control y restricción de movimiento, lo cual enlaza con la idea europea de las “ciudades de 15 minutos”; concepto presentado como parte de la Agenda 2030 y vendido al público como una solución sostenible y eficiente pero que levanta dudas al ser percibido como un intento de limitar el desplazamiento y centralizar el control urbano.
Al mismo tiempo plantea un posible rechazo por parte de los consumidores tanto nacionales como internacionales; lo cual podría suponer una decaída en el uso de dichos servicios y por tanto un reajuste económico en lo que supone este sector.
La norma, que inicialmente era aún más exigente que la aprobada, sólo se ha esgrimido por parte del gobierno para justificarse como “un paso más en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”.
Diferentes expertos y juristas cuestionan que los datos tengan relación directa con dicho fin. También hay que recordar que Pedro Sánchez gobierna gracias al apoyo de grupos filoterroristas y medio gobierno se encuentra envuelto en una presunta trama de crimen organizado. En este escenario, la adopción de leyes de este tipo suscita preocupaciones legales y éticas.
La dinámica de los últimos años sigue continuando, donde se han aprobado medidas similares en otros campos que restringen o limitan la libertad de prensa y de pensamiento, favoreciendo únicamente a una narrativa promovida desde las instituciones gubernamentales que sólo responde al control sobre la ciudadanía.