En medio de un proceso electoral marcado por retrasos logísticos, denuncias cruzadas y una creciente desconfianza ciudadana a las instituciones electorales, distintos sectores políticos y grupos de la sociedad civil han convocado a una movilización para “defender el voto” y exigir transparencia en los resultados de las elecciones generales en Perú
CruzadaInformativaEn medio de un proceso electoral marcado por retrasos logísticos, denuncias cruzadas y una creciente desconfianza ciudadana a las instituciones electorales, distintos sectores políticos y grupos de la sociedad civil han convocado a una movilización para “defender el voto” y exigir transparencia en los resultados de las elecciones generales en Perú.
La concentración ha sido anunciada en el distrito de Jesús María a partir de las 5:00 p.m, específicamente en las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el Jr. Nazca #598, punto clave del sistema electoral peruano. Bajo consignas como “No al fraude” y “Respeto al voto popular”, se espera la participación de ciudadanos y simpatizantes de diversas fuerzas políticas.
Uno de los principales focos de controversia ha sido la demora en la entrega de material electoral en Lima Metropolitana, donde se concentra cerca del 30% del electorado nacional. Esta situación afectó la instalación de miles de mesas de sufragio, generando largas esperas y, en muchos casos, impidiendo que ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto.
El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, denunció que estos hechos podrían responder a un intento de fraude en zonas donde su respaldo es mayoritario. Según declaró, numerosos electores —incluidos adultos mayores y personas con problemas de salud— acudieron temprano a votar, pero se retiraron ante la falta de material, sin regresar posteriormente.
De acuerdo con cifras oficiales brindadas por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, cerca del 30% de mesas de sufragio a nivel nacional no se habían instalado hasta poco antes de las 2 de la tarde del día electoral. Esto equivale a unas 27,600 mesas, afectando potencialmente a millones de votantes.
Lo más preocupante, según estas cifras, es que casi el 90% de las mesas no instaladas correspondían a Lima Metropolitana, lo que habría impedido votar a aproximadamente 7.8 millones de peruanos en las primeras horas de la jornada.
Otro punto crítico ha sido la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), liderada por Piero Corvetto, de encargar el transporte del material electoral a una empresa privada, en lugar de las Fuerzas Armadas como se hacía tradicionalmente.
Esta decisión ha sido duramente cuestionada debido a que la empresa contratada, Galaga, registra sanciones económicas previas, lo que ha incrementado las dudas sobre la idoneidad del proceso logístico. Además, se ha planteado la preocupación de que el material electoral haya podido sufrir algún tipo de afectación o alteración durante su traslado.
La situación no solo habría afectado al candidato López Aliaga, sino también a otros candidatos de diferentes espectros políticos, considerando que la no instalación de mesas y el retraso en la votación habrían generado un aumento significativo del ausentismo electoral en zonas clave.
Al mismo tiempo, sectores críticos han cuestionado la ratificación de Corvetto en la ONPE por parte de la Junta Nacional de Justicia, pese a los antecedentes polémicos del proceso electoral de 2021, lo que ha reavivado narrativas de desconfianza en el sistema electoral.
Si bien hasta el momento no existe una confirmación oficial de fraude sistemático, el cúmulo de incidentes, sumado a la alta polarización política, ha generado un escenario de tensión que podría escalar en los próximos días.
El desarrollo de los acontecimientos plantea un desafío para el país: garantizar el respeto a la voluntad popular sin debilitar las instituciones democráticas. Mientras algunos sectores consideran que existen indicios preocupantes que deben investigarse, otros llaman a la prudencia y a canalizar cualquier denuncia por las vías legales correspondientes.
Lo cierto es que Perú enfrenta, una vez más, un proceso electoral cargado de incertidumbre, donde la confianza en las instituciones será determinante para evitar una nueva crisis política.
