La reciente elección en el Consejo Económico y Social de la ONU de países como China, Cuba y Nicaragua como miembros del Comité de ONGs para el período 2027 - 2030 ha generado una fuerte controversia internacional, al quedar en manos de gobiernos cuestionados por restricciones a la libertad cívica la facultad de aprobar o bloquear la participación de organizaciones de la sociedad civil dentro del sistema de Naciones Unidas.
CruzadaInformativaEl Consejo Económico y Social de la ONU eligió el pasado 08 de abril a un grupo de países —entre ellos China, Cuba, Nicaragua, Arabia Saudita y Sudán— como miembros del Comité de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) para el período 2027-2030, una decisión que ha desatado una fuerte controversia internacional.
El comité, compuesto por 19 Estados, es el órgano encargado de otorgar el estatus consultivo a miles de organizaciones de la sociedad civil dentro del sistema de Naciones Unidas. Esta acreditación es esencial, ya que permite a las ONGs participar en debates, presentar informes y tener voz en espacios clave como Ginebra y Nueva York.
El Comité de ONG es considerado la principal “puerta de entrada” para la participación de la sociedad civil en el sistema multilateral. Su poder no solo radica en aprobar solicitudes de acreditación, sino también en posponerlas indefinidamente, rechazarlas o incluso revocar el estatus de organizaciones ya reconocidas.
En la práctica, esto convierte al comité en un filtro determinante sobre qué voces independientes pueden ser escuchadas a nivel internacional. Sin este estatus, muchas ONGs quedan excluidas de instancias donde se debaten políticas globales, incluidos temas de derechos humanos.
La elección ha generado una ola de cuestionamientos debido al historial de varios de los países seleccionados en materia de libertades civiles. Diversas organizaciones han advertido que gobiernos señalados por restringir la actividad de ONGs en sus propios territorios ahora tendrán la capacidad de decidir sobre la participación de entidades independientes en la ONU.
Según International Service for Human Rights, 13 de los 19 miembros electos presentan espacios cívicos catalogados como “cerrados” o “reprimidos”, mientras que 14 han sido mencionados en informes del Secretario General por actos de intimidación o represalias contra la sociedad civil.
“Es alarmante que el inmenso poder del Comité de ONGs quede en manos de Estados que probablemente bloquearán a actores independientes cruciales”, advirtió Maithili Pai, representante de la organización.
Las críticas se intensificaron tras las declaraciones de UN Watch, entidad con estatus consultivo dentro del propio sistema de Naciones Unidas. Su director, Hillel Neuer, afirmó que la decisión pone en riesgo la credibilidad del organismo internacional.
“Esto significa que las dictaduras tendrán mayoría en el comité para negar la acreditación a organizaciones independientes que denuncien violaciones de derechos humanos, y para promover grupos fachada creados por los propios regímenes”, sostuvo.
La organización también responsabilizó a las democracias que permitieron la elección por consenso, calificando el proceso como una señal de debilidad dentro del sistema multilateral.
Desde Estados Unidos, el rechazo fue explícito. El embajador Dan Negrea expresó su preocupación señalando que la inclusión de regímenes autoritarios en el Comité de ONG socava la misión de la ONU.
“Estos gobiernos continúan reprimiendo a sus ciudadanos y suprimiendo la sociedad civil. Son inadecuados para servir en este órgano”, afirmó, marcando distancia particularmente respecto a Cuba y Nicaragua.
La polémica elección refleja tensiones profundas dentro de Naciones Unidas sobre el equilibrio entre representación estatal y protección de los derechos humanos. Para muchos analistas, permitir que gobiernos cuestionados supervisen a las ONGs que podrían denunciarlos constituye una contradicción estructural.
El impacto real de esta decisión dependerá de cómo estos países ejerzan su rol dentro del comité y de la capacidad de las organizaciones independientes para seguir accediendo a espacios internacionales.
Sin embargo, el debate ya está instalado: ¿puede el sistema multilateral garantizar la participación de la sociedad civil cuando el control de acceso queda en manos de quienes, en muchos casos, son objeto de sus denuncias?
