Una operación conjunta entre autoridades chilenas y el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) permitió desarticular en Iquique a una organización criminal transnacional de origen chino que operaba desde la Zona Franca de Iquique para ejecutar estafas de inversión en línea y defraudar más de 200 millones de dólares. Mediante empresas ficticias, redes sociales y complejos mecanismos financieros, la estructura logró engañar a cientos de víctimas en distintos países. El caso no solo evidencia el alto grado de sofisticación de estas mafias, sino también las debilidades en los sistemas de control, la vulnerabilidad de zonas comerciales estratégicas y la creciente necesidad de cooperación internacional frente al avance global del crimen organizado.
CruzadaInformativaEn Iquique fue desarticulada una organización criminal transnacional (OCT) de origen chino, compuesta por ciudadanos chinos y chilenos, tras una investigación coordinada entre la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de Chile, con respaldo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Aunque contaban con numerosos colaboradores encargados de la operación local, la estructura fue identificada como una red con características de tríada china que utilizaba la región de Tarapacá como un punto clave para actividades financieras ilícitas a nivel internacional.
Desde bodegas y compañías ficticias ubicadas en la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), esta agrupación, liderada por ciudadanos chinos, logró defraudar más de USD 200 millones a cientos de personas. El caso evidencia el alto grado de sofisticación de estas mafias para manipular sistemas financieros locales y ejecutar fraudes a gran escala en distintos países.
Las indagaciones comenzaron en mayo de 2025, tras una denuncia internacional del FBI que alertaba sobre esquemas de inversión fraudulenta en línea. Las víctimas eran contactadas mediante redes sociales, donde los delincuentes generaban vínculos de confianza antes de inducirlas a transferir grandes sumas de dinero a cuentas bancarias en Chile.
Con el objetivo de encubrir el origen ilícito de los fondos, la organización constituyó cerca de 119 empresas, tanto ficticias como reales, lo que facilitó la fragmentación y circulación de los recursos.
“Se demostró que existe un corredor para el lavado de activos en nuestro país”, señaló a la prensa el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional contra el Crimen Organizado de la PDI. “El dinero pasaba por distintas cuentas hasta perderse el rastro y ser instalado en empresas consolidadas, disfrazando este patrimonio”.
El principal operativo, ejecutado en enero de 2026, implicó la participación de más de 500 detectives y derivó en múltiples allanamientos. La Fiscalía Regional de Tarapacá consiguió que 12 líderes de la organización quedaran en prisión preventiva, al ser considerados responsables del manejo estratégico y financiero de la red.
Aunque la ZOFRI constituye un eje fundamental del comercio regional, este episodio evidenció cómo sus beneficios arancelarios y la limitada fiscalización la transformaron en un “blanco” para las OCT. El analista internacional Guillermo Holzmann advirtió al medio Diálogo que esta fragilidad se incrementa debido a la falta de sistemas modernos de intercambio de información en tiempo real. “El sistema debe modernizarse varios niveles más”, señaló.
Asimismo, el caso resalta el valor de la cooperación internacional para combatir el crimen organizado. “Los hechos demuestran que existe una voluntad política de avanzar en este ámbito”, afirmó Holzmann, quien también destacó la efectividad de los equipos conjuntos, como el trabajo coordinado entre la PDI y el FBI.
Este episodio no es aislado. Diversos estudios han evidenciado que organizaciones criminales chinas han encontrado en Chile condiciones favorables para operar, aprovechando vacíos legales y su manejo del entorno normativo. De acuerdo con InSight Crime, desde 2010 estas redes han participado en delitos como robo de propiedad intelectual, tráfico de marihuana, funcionamiento de casinos ilegales, trata de personas, explotación sexual y lavado de activos.
En paralelo al aumento del comercio y la migración, estas estructuras han consolidado su presencia. A medida que la población china en Chile creció significativamente, superando las 13000 personas en 2018, según el Servicio Nacional de Migraciones, las organizaciones delictivas han utilizado estos flujos para encubrir sus actividades ilícitas.
En 2020, la Fiscalía Sur logró desarticular una célula vinculada a la organización criminal Bang, originaria de la provincia de Fujian, China. Esta red operaba en regiones como O’Higgins y Metropolitana, enfocándose en el cultivo masivo de marihuana y en la trata de ciudadanos chinos para trabajos forzados. El hallazgo de invernaderos automatizados y centros clandestinos de entretenimiento evidenció un nivel avanzado de sofisticación y expansión territorial.
La barrera del idioma no solo dificulta las investigaciones, sino que actúa como una estrategia deliberada de protección. Mediante el uso de dialectos regionales, estas organizaciones generan un entorno difícil de penetrar para las autoridades. Según Holzmann, este aislamiento lingüístico puede convertirse en una ventaja procesal en tribunales, donde la falta de intérpretes especializados limita la capacidad del Estado para lograr condenas.
Si bien el intercambio comercial entre Chile y China se sustenta en acuerdos legítimos, su gran volumen también sirve como cobertura para que redes criminales integren sus operaciones, aprovechando la apariencia de negocios legales para explotar vacíos regulatorios.
Por otro lado, aunque el Estado chino no respalda oficialmente actividades ilícitas, en algunos casos se percibe una tolerancia implícita hacia organizaciones cuyas acciones coinciden con intereses estratégicos. Esto genera un espacio ambiguo en el que estos grupos operan con cierta libertad, lo que sugiere que sus actividades pueden ser vistas como beneficiosas para la proyección de influencia regional de su país de origen.
En este escenario, la presencia de estas redes en Chile constituye no solo un reto para las autoridades nacionales, sino también para la coordinación internacional en la lucha contra el crimen organizado. La evolución de estas estructuras y la opacidad que las rodea representan un riesgo relevante para la estabilidad y seguridad a largo plazo en la región.
