La Dirección General de Minas de Nicaragua concedió a la empresa china Tutuwaka Mining Company S.A. los derechos de explotación en el lote denominado Isabela 11, con una extensión de 157.25 hectáreas, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Con esta nueva concesión, la dictadura socialista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes gobiernan el país como si fuera su propiedad, han adjudicado entre 2021 y 2026 un total de 74 lotes mineros a 17 compañías chinas que operan principalmente en la extracción de oro y cobre sobre más de un millón de hectáreas del territorio nicaragüense, específicamente en 1,027,467.49 hectáreas. Desde el ascenso del líder guerrillero sandinista al poder, Nicaragua se ha transformado en un negocio altamente rentable de carácter familiar, compartido con China, su principal aliado ideológico.
CruzadaInformativaSi Xi Jinping hablara con el mismo tono que Donald Trump, alardeando de que Canadá terminará siendo el estado número 51 de Estados Unidos tarde o temprano, probablemente el líder chino recorrería el mundo afirmando que Nicaragua se encamina a ser la provincia 24 de China (que actualmente cuenta con 23). Sin embargo, si lo considera, al menos opta por no decirlo abiertamente.
El martes 24 de marzo, la Dirección General de Minas de Nicaragua concedió a la empresa china Tutuwaka Mining Company S.A. los derechos de explotación en el lote denominado Isabela 11, con una extensión de 157.25 hectáreas, ubicado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. (Ver: Nicaragua concede otro permiso a minera china en zonas que suman el 8,5 % del territorio).
Con esta nueva concesión, la dictadura socialista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes gobiernan el país como si fuera su propiedad, han adjudicado entre 2021 y 2026 un total de 74 lotes mineros a 17 compañías chinas. Estas operan principalmente en la extracción de oro y cobre sobre más de un millón de hectáreas del territorio nicaragüense, específicamente 1,027,467.49 hectáreas. Esta superficie equivale aproximadamente al doble del estado de Aguascalientes o casi la totalidad del estado de Querétaro en México.
Bajo el mandato del antiguo líder guerrillero sandinista, Nicaragua se ha transformado en un negocio altamente rentable de carácter familiar, compartido con China, su principal aliado ideológico. En este contexto, su hijo, Laureano Facundo Ortega Murillo, fue designado asesor presidencial para Inversiones, Comercio y Cooperación Internacional, con amplias facultades para firmar acuerdos con Pekín sin requerir la aprobación de la Asamblea Nacional, la cual responde fielmente al régimen.
Quienes se oponen a estas decisiones deben hacerlo desde el extranjero si desean evitar terminar en el centro de detención El Chipote, situado en las afueras de Managua.
“Ortega ha cedido ya el 8.5% del territorio nicaragüense, incluyendo áreas protegidas, indígenas y afrodescendientes, para la exploración y explotación de minerales”, denunció desde su exilio en Costa Rica Amaru Ruiz, líder de la ONG ambientalista Fundación del Río en un informe titulado: Invasión minera china en Nicaragua.
“El modelo extractivista está haciendo que la población sea empujada hacia los sectores más rurales, sobre todo de la Costa Caribe y de los territorios indígenas”, denunció Ruiz, amenazado por el régimen y despojado de la nacionalidad nicaragüense, pese a estar expresamente prohibido por el Derecho Internacional.
Además, advirtió que los acuerdos firmados entre el gobierno y las empresas mineras chinas se llevan a cabo sin consulta previa a las comunidades afectadas, vulnerando tratados internacionales sobre derechos indígenas, y están provocando niveles de deforestación sin precedentes.
“Los principales indicadores en términos de deforestación son mayores que en la época de (el dictador Anastasio) Somoza. En la época de Somoza teníamos 100,000 hectáreas anuales de deforestación; sin embargo, en la época de los Ortega-Murillo hablamos de entre 136,000 y 145,000 hectáreas de deforestación de los bosques”.
Aunque la sobreexplotación minera y la consecuente deforestación afectan a distintos países del continente americano, en Centroamérica persiste un patrón histórico: la alianza entre regímenes autoritarios y empresas extranjeras para explotar los recursos naturales. Este fenómeno se intensifica especialmente en Nicaragua, considerada la única dictadura “de facto” vigente en la región.
En el caso nicaragüense, la dinámica no es nueva, aunque sí han cambiado los actores. En el pasado, el dictador Anastasio Somoza concedía privilegios a compañías bananeras estadounidenses durante la primera mitad del siglo XX; hoy, Ortega otorga beneficios exclusivos a empresas mineras chinas.
Para comprender este giro, es necesario remontarse a 1990, cuando Ortega, entonces presidente y exguerrillero sandinista, perdió las elecciones y reconoció la victoria de Violeta Chamorro, viuda del periodista Pedro Joaquín Chamorro, quien fue una de las voces más críticas contra la dictadura y cuyo asesinato, atribuido al régimen de Somoza, precipitó su caída.
Chamorro triunfó al representar a una mayoría que rechazaba la orientación “castrista” del sandinismo. Entre sus decisiones, rompió relaciones con China y estableció vínculos diplomáticos con Taiwán, considerado por Pekín como una “provincia rebelde”.
Ortega regresó al poder en 2007 tras imponerse a un oficialismo fragmentado. En ese momento, pocos anticipaban que su objetivo sería perpetuarse en el poder. Finalmente, lo logró mediante mecanismos autoritarios, incluyendo la represión y el encarcelamiento de opositores antes de las elecciones de 2021 para asegurar su victoria. Las sanciones internacionales derivadas de estos hechos lo llevaron a estrechar vínculos con China, poniendo fin a tres décadas de relaciones con Taiwán y acelerando la influencia del gigante rojo en el país.
En contraste con su estilo habitual, Donald Trump ha mantenido una postura discreta respecto al aumento de la presencia china en Nicaragua, uno de los pocos bastiones que aún se presentan como antiestadounidense en la región, junto con Cuba y tras la transformación de la Venezuela chavista en un protectorado de Estados Unidos, del cual obtiene recursos como petróleo y oro.
Recientemente, Trump señaló que su administración podría aplicar sanciones a toda la industria aurífera nicaragüense, en respuesta a la expropiación de una mina perteneciente a un empresario estadounidense cuyos activos fueron transferidos a una compañía china.
Con el conflicto en Irán aún sin resolverse, Nicaragua ha quedado en un segundo plano dentro de la agenda internacional de Estados Unidos. No obstante, se prevé que Washington vuelva a centrar su atención en su área de influencia, abordando temas como Cuba y la problemática de los cárteles en México y Colombia. En este sentido, Nicaragua podría convertirse en un escenario donde se materialice una confrontación directa entre las dos principales potencias mundiales.
