El crecimiento del crimen organizado en América Latina ha situado a la inseguridad como una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos y gobiernos de la región, impulsando nuevas estrategias de cooperación internacional y reformas institucionales orientadas a fortalecer la seguridad pública.
CruzadaInformativaEl avance del crimen organizado ha convertido la inseguridad en una de las principales preocupaciones de América Latina, impulsando mayores esfuerzos de cooperación entre países y reformas institucionales. Informes recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierten que estas redes criminales afectan la gobernabilidad y el crecimiento económico, aunque también han motivado una mayor respuesta estatal y participación ciudadana.
Una encuesta de la OCDE realizada entre 2023 y 2025 en América Latina y el Caribe revela que
Casi nueve de cada diez ciudadanos manifestaron preocupación por los delitos violentos, lo que ha estimulado nuevas iniciativas institucionales. Entre ellas destacan la formalización de AMERIPOL y la expansión del Comité Latinoamericano de Seguridad Interna (CLASI), organismos que buscan articular políticas nacionales con acciones policiales regionales para enfrentar al crimen transnacional.
En una entrevista con el medio Diálogo, Yadira Gálvez, especialista en seguridad y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la expansión del crimen organizado en la región se apoya en estructuras que combinan capacidad operativa con mecanismos de corrupción y colusión.
Según Gálvez, las debilidades institucionales han permitido a estas organizaciones expandirse mediante la violencia y la corrupción. No obstante, la persistente preocupación ciudadana también está presionando a los gobiernos para fortalecer la aplicación de la ley y recuperar el control territorial en áreas vulnerables.
La violencia en América Latina responde a factores como el narcotráfico y la actividad de pandillas. Un informe de la Fundación Carolina señala que estas dinámicas se ven agravadas por los flujos financieros globales y la limitada coordinación internacional. Frente a este panorama, varios países han comenzado a modernizar sus marcos de defensa y justicia.
Un ejemplo relevante es la Operación A Ultranza PY en Paraguay, iniciada en febrero de 2022 con apoyo de la DEA y Europol. Esta operación se convirtió en el mayor esfuerzo contra el narcotráfico en la historia del país, con más de 100 millones de dólares en bienes incautados, la extradición de líderes criminales y nuevos mecanismos de cooperación judicial internacional.
Aunque América Latina continúa siendo el principal centro mundial de cultivo de cocaína, las estrategias regionales han evolucionado más allá de la simple interdicción. En 2025 varios países comenzaron a clasificar a ciertas pandillas como organizaciones terroristas. La tendencia se fortaleció tras la declaración de “conflicto armado interno” en Ecuador en 2024 y la posterior designación por parte de Estados Unidos de grupos como el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua (TdA) y la MS-13 como organizaciones terroristas extranjeras.
Esta medida generó un efecto en cadena: países como Argentina, Trinidad y Tobago y el Congreso de Perú también catalogaron al TdA como grupo terrorista. Estas reclasificaciones permiten utilizar recursos especializados, congelar activos internacionales y ampliar la cooperación en inteligencia con Estados Unidos y otros aliados.
Dado que al menos el 75 % de los homicidios en las Américas involucran armas de fuego, los gobiernos también buscan frenar el tráfico ilegal de armamento. Un ejemplo es la Hoja de Ruta de Centroamérica y República Dominicana de febrero de 2025, que utiliza la tecnología e-Trace de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) para rastrear armas ilegales en la región.
Gálvez explicó que el aumento de la violencia está relacionado con la fragmentación de los grupos criminales y la disputa por el control territorial. Estas dinámicas se reflejan en fenómenos como desapariciones, reclutamiento forzado y desplazamientos internos, que representan serios desafíos para la gobernabilidad.
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 de la Iniciativa Global Contra la Delincuencia Organizada Transnacional señala que Sudamérica y Centroamérica siguen siendo regiones altamente afectadas. Países como Colombia, México, Paraguay y Ecuador figuran entre los más impactados debido a su papel en la producción y logística del narcotráfico.
De cara al futuro, los expertos destacan la necesidad de fortalecer la cooperación regional. Para Gálvez, enfrentar estas redes exige ir más allá de acciones aisladas y mejorar las capacidades de inteligencia para identificar los nodos clave que sostienen estas estructuras, como intermediarios financieros y redes de lavado de dinero, especialmente en economías ilícitas vinculadas a drogas sintéticas.
Los países aliados ya avanzan hacia una mayor coordinación, formación especializada y cooperación en tiempo real para combatir amenazas que afectan a todo el hemisferio.
Aunque persisten riesgos asociados a la polarización política y las tensiones democráticas, la creciente alineación regional sugiere que América Latina se dirige hacia una estrategia más coordinada y sostenida para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la estabilidad del continente.
