La Justicia de EE.UU. frena el cierre de USAID tras cuestionar la legalidad del procedimiento impulsado por el gobierno de Trump para combatir el fraude y mejorar el uso de los fondos en los programas de asistencia internacional. El juez Theodore Chuang ordenó restituir funciones y acceso a los empleados, al considerar que el proceso podría haber violado normas constitucionales.
CruzadaInformativaUn juez federal en el estado de Maryland ha dictado una orden que suspende de manera indefinida el proceso de desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una de las iniciativas del gobierno de Donald Trump orientadas a optimizar el funcionamiento del Estado y reducir el gasto innecesario.
En un documento publicado este martes, el magistrado Theodore Chuang concluyó que el Ejecutivo posiblemente incurrió en una infracción constitucional al clausurar la agencia sin contar con la autorización de un funcionario legalmente designado. Por tal motivo, ordenó restituir el acceso al correo electrónico y al equipo de trabajo a todos los empleados, incluso a quienes se encontraban en licencia administrativa. Chuang subrayó que el cierre tanto de la sede como del sitio web de USAID podría interpretarse como una eliminación de facto de la agencia, en aparente contradicción con las normativas actuales. (Ver: Does 1-26 v Musk - 2025-03-18 Memorandum Opinion).
"La evidencia actual favorece la conclusión de que, contrariamente a la afirmación generalizada de los demandados de que Musk actuó solo como asesor, Musk tomó las decisiones de cerrar la sede y el sitio web de USAID a pesar de que carecía de la autoridad para tomar esa decisión", escribió el juez en su fallo.
Desde su regreso al poder en enero de 2025, el presidente Trump ha priorizado la eliminación del gasto superfluo dentro del Gobierno federal. En ese marco, se creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), con el empresario Elon Musk como asesor. La Casa Blanca ha defendido la reorganización de USAID como una acción necesaria para combatir el fraude y mejorar el uso de los fondos en los programas de asistencia internacional.
Durante febrero, la mayoría del personal internacional de la agencia fue suspendido temporalmente y 1.600 empleados en territorio estadounidense recibieron notificaciones sobre la finalización de sus contratos.
La resolución judicial responde a una demanda presentada por el Fondo Estatal para la Defensa de la Democracia, una organización crítica de las políticas impulsadas por la actual Administración.
Hasta el momento, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Eficiencia Gubernamental han emitido comentarios respecto al fallo. No obstante, el Ejecutivo ha insistido en reiteradas ocasiones que su prioridad es garantizar el uso eficiente de los fondos públicos, y que cualquier programa federal que no cumpla con ese objetivo será sometido a revisión o eliminado.
Este fallo representa un nuevo obstáculo legal para los esfuerzos del Gobierno de Trump por reformar la estructura burocrática federal y redirigir los recursos estatales hacia áreas que considera prioritarias para el país.
